Tras la controversia creada en América Latina por la aprobación de la ‘Directiva Retorno’, la Unión Europea (UE) dio esta semana un nuevo paso para endurecer su política de flujos migratorios con el acuerdo sobre el ‘Pacto Europeo de Inmigración’ presentado por Francia.

Con inusitada rapidez para los tiempos de la burocracia europea, y en el marco de una reunión informal el lunes pasado en Cannes (sur de Francia), los ministros del Interior de los 27 apoyaron este plan para establecer una migración ‘elegida’ según las necesidades del mercado laboral de la UE.

‘Este acuerdo autoriza la perspectiva de una firma a mediados de octubre’, dijo el ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, cuyo país ejerce la presidencia del bloque, en referencia al texto suavizado parcialmente ante las exigencias de España, tras duras negociaciones previas que también incluyeron a Alemania.

El pacto en cuestión instaura reglas comunes a los 27 Estados miembros de la UE para regular la inmigración laboral, reforzar los controles en las fronteras del bloque, facilitar el regreso a sus países de origen a quienes hayan logrado entrar en Europa y armonizar las exigencias para los pedidos de asilo.

Como quedó dicho, la presión de España logró sin embargo suavizar dos puntos muy polémicos: la prohibición de regularizaciones masivas, levemente flexibilizada para admitir los casos por razones económicas, y la idea de un ‘contrato de integración’ con obligación de aprender la lengua del país de recepción, retirada de la última versión del documento.

Sin embargo, estos retoques no cambian la esencia del texto, cuyo objetivo es ‘conciliar la inmigración con las demandas de nuestro mercado laboral’, como explicó el ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Si la ‘Directiva Retorno’, que regula la expulsión de inmigrantes ilegales con periodos de retención de hasta 18 meses, provocó una reacción de protesta unánime en América Latina, el ‘Pacto Europeo de Inmigración’ comienza a despertar indignación en África.

El Encuentro Africano para la Defensa de los Derechos Humanos (EADDH), una ONG con sede en Dakar, señaló el jueves su ‘grave preocupación con respecto a las primeras medidas que inauguran la presidencia francesa.

Senegal, donde la emigración es una tradición antigua y donde el dinero enviado al país por la diáspora es más importante que la ayuda pública recibida para el desarrollo, pidió el miércoles a Africa que organice la respuesta.

‘Para la parte africana será urgente lograr una concertación y mostrar claramente su desacuerdo con los socios europeos’, indicó el ministro senegalés de Relaciones Exteriores, Cheij Tidian Gadio, durante una reunión de expertos en Dakar.

Mientras África busca coordinar una posición, América Latina no cede en su presión, aunque por lo pronto no tiene mucho más armas que una escalada verbal diplomática.

Es el caso de la declaración de los gobernantes del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y sus Estados asociados (Chile, Ecuador, Colombia, México y Bolivia) rechazando la ‘Directiva Retorno’ durante su cumbre en Tucumán (norte de Argentina) el pasado 1 de julio.

Lo mismo ocurre con las visitas de cancilleres latinoamericanos a Bruselas para protestar por la ley de expulsión. La semana pasada había sido el turno del ministro de Exteriores boliviano, David Choquehuanca. Este viernes fue el turno de su homólogo peruano, José Antonio García Belaunde.

Pero si desde Europa se entiende el enojo y se lo justifica en la ‘mala comprensión’ del texto, sus responsables no dudan a la hora de continuar en el camino elegido.

‘No veo muro alrededor de Europa. Hay seis millones de ilegales y es necesario luchar contra la inmigración ilegal y dirigir la migración legal’, indicó en ese sentido el ministro alemán del Interior, Wolfgang Schäuble, cuyo país había sido uno de los más duros contra España por la regularización masiva decidida en 2005 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.