UGT y la Unión de Consumidores han iniciado un proyecto conjunto para defender los intereses ciudadanos en su doble condición de consumidores y trabajadores. Una de las primeras actividades que han puesto en marcha ha sido una campaña para solicitar al Gobierno la exención total del impuesto del IVA a los pañales para recién nacidos, según informó ayer el sindicato a través de un comunicado.

Ambas organizaciones valoran la ayuda de 2.500 euros puesta en marcha por el Ejecutivo central. No obstante, esta aportación es ‘claramente insuficiente’ y cubre, aproximadamente un 45 por ciento del coste que para una familia media supone el recién nacido durante el primer año de vida.

En este sentido, una familia media española gasta unos 1.000 euros en pañales durante los dos primeros años de vida del recién nacido, de los que 136 euros corresponden al IVA. De hecho, el gasto en pañales supone aproximadamente un 21 por ciento del gasto total que genera un niño entre los 0 y los 3 años.

Según señala el sindicato los tipos de IVA que se aplican en la UE corresponden a varias categorías según el estado miembro. En España existen tres tipos: el normal (16 por ciento), el reducido (7 por ciento) y el súper-reducido (4 por ciento). Y están exentos del pago del IVA los servicios sanitarios, la asistencia a personas mayores y la educación. En el caso de los pañales no están considerados en ninguna de estas categorías, es decir, no son productos sanitarios, pero sí que se han convertido en un artículo imprescindible en el consumo familiar diario, aunque el tipo impositivo de IVA que se les aplica es el normal.

La decisión de la UE de modificar el anexo de la directriz comunitaria que regula el IVA permitió que desde 2003 se aplicara un 7% a productos de higiene íntima femenina como compresas, tampones o salvaslips. No así a los pañales que sí tienen modalidades de IVA reducido en países como la República Checa, Hungría, Malta, Polonia y Portugal. En los casos de Irlanda o el Reino Unido no se aplica ningún IVA a este producto.

Con la eliminación de esta tasa, cada familia podría ahorrarse 136 euros, lo que favorecería a las economías más modestas y en especial a los jóvenes, que además ‘soportan precios desorbitados de las viviendas y elevados niveles de endeudamiento, sufren bajos salarios y una elevada temporalidad laboral’, concluyó UGT.

Europa Press