Por aquello del Estado de las autonomías y la descentralización del poder, la Junta de Andalucía es con gran diferencia la que soporta mayor volumen de plantilla. Hablamos de 19.656 de los 35.848 funcionarios, un 53,8 por ciento en términos relativos. Le siguen los 102 ayuntamientos y la Diputación Provincial de Almería, con 7.985 (un 22,6 por ciento); la Administración General del Estado, con 6.963, un 19,7 por ciento; y por último la Universidad de Almería, con 1.244, un 3,7 por ciento. En total los citados 35.848. Y las previsiones indican que estas magnitudes se quedarán cortas en el corto y medio plazo. La tendencia es que el régimen competencial de Andalucía cada vez sea mayor y que, al mismo tiempo, también crezcan las atribuciones de los municipios. No hay problema. Siempre habrá quince o veinte almas que se postulen a cualquiera de los puestos que se convoquen. Baste decir que el número de ciudadanos que se presentan a oposiciones crece a un ritmo del 15 por ciento anual. En este grupo se incluyen buena parte de los universitarios, pero también muchos de los rebotados de la empresa privada, hartos de estar siempre al borde del abismo.

El presidente del sindicato funcionarial CSI-CSIF, Francisco Iglesias, comenta que ante un tejido productivo como el de Almería, donde predomina la temporalidad, la función pública ofrece seguridad y continuidad, dos elementos que justifican que haya tanta gente interesada en ingresar en alguno de los organismos oficiales. ‘Lo más negativo -indica Francisco Iglesias- es el sueldo, que se ha devaluado tanto que ni tan siquiera alcanza el nivel de vida de Almería. Es frecuente que se congelen nuestras retribuciones, cuando no se aplican subidas completamente insuficientes, como el Índice de Precios de Consumo estimado por el Gobierno, que en los últimos años no ha superado el 2 por ciento, la mitad de cómo realmente evoluciona la inflación’, asegura. También lamenta el hecho de que la remuneración base, que es la que se toma como referencia para establecer la cuantía de las pensiones y las jubilaciones, sea muy baja y que las mejoras en la paga vengan por conceptos que no consolidan el salario real, como pueden ser los pluses de productividad, que se conceden de forma arbitraria y en función de circunstancia difícilmente objetivables’.

Como consecuencia de ello, es habitual que cada vez se imponga el modelo en que dos integrantes de una misma familia (el padre y la madre normalmente) aspiran a enrolarse en alguna Delegación o en algún consistorio, a fin de disfrutar de la tranquilidad y las buenas condiciones laborales inherentes a este tipo de plazas y sumar dos nóminas que, aunque sean bajas individualmente, sí que garantizan una renta suficiente para soportar la hipoteca y las cargas propias de cualquier hogar. Y cuando no funciona este modelo, siempre está la posibilidad de probar fortuna en el sector privado y de regresar al público si no nos va demasiado bien o cuando alcanzamos la edad en la que nos hemos propuesto cesar esa actividad. La plaza conseguida, tras dos años de desempeñarla, se mantiene y se pide una excedencia para acudir al mercado con salarios más altos. Iglesias,señala que una de las medidas que deberían tomarse pasa por la garantía salarial’ Que al igual que ocurre con las pensiones, los salarios públicos se revisen por ley. Sería una manera de evitar la politización y también el que se garantizaran las subidas a nivel del IPC, para no perder poder adquisitivo. Esta cuestión la venimos pidiendo desde el sindicato desde hace tiempo, pero los políticos aún no se han atrevido a meterle mano’.Esta sigue siendo una cuestión pendiente, cuyo establecimiento aún llevaría posiblemente a más gente a pasarse al sector público, ser funcionario, o disponer de una plaza laboral en la administración. El sueño de ser funcionario lo es por la tranquilidad que representa el tener asegurado un puesto de trabajo.